El ‘asalto’ de Sánchez a RTVE será juzgado en un tribunal: admitidas las denuncias de los trabajadores

El juzgado de lo mercantil número 18 de Madrid y el Tribunal Supremo juzgarán el ‘asalto’ de Pedro Sánchez a RTVE. En un auto del 9 de enero, al que ha tenido acceso este periódico, el juez mercantil considera que hay caso y acepta investigar el proceso utilizado por el Gobierno para nombrar a Elena Sánchez nueva presidenta de la cadena y concederla todos los poderes de mando interno con un simple cambio de los estatutos de RTVE y sin pasar por el Congreso de los Diputados. Por su parte, el Supremo, en un auto del 7 de diciembre, da por admitida también la denuncia.

A principios de diciembre los sindicatos UGT, Sindicato Independiente, y USO -CCOO y CGT decidieron no votar a favor- presentaron una denuncia por la vía mercantil y otra por lo contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para tratar de parar el ‘asalto’ del Gobierno a la televisión pública. La primera de ellas ya ha sido admitida a trámite y se juzgará la maniobra de Sánchez para situar a su candidata como presidenta de RTVE y darla plenos poderes internos. La segunda también ha sido admitida a trámite ya por el Supremo y le reclama al Ministerio de la Presidencia que en 20 días hábiles remita al tribunal el expediente correspondiente aprobado en Consejo de Ministros.

El Ejecutivo forzó la dimisión del anterior presidente, José Manuel Pérez Tornero, y puso a Elena Sánchez al frente de la cadena pública en base a la votación de los nueve consejeros que forman ahora el cuartel de mando de RTVE. Sin embargo, según la norma, la nueva presidenta no tenía plenos poderes de mando en la cadena hasta que no fuera ratificada por el Congreso de los Diputados por una mayoría de tres quintos.

Para saltarse ese paso, el Gobierno decidió que la SEPI cambiara los Estatutos de RTVE, que fueron ratificados por el Consejo de Ministros, para que Elena Sánchez disfrutara de esos plenos poderes -que le permiten entre otras cosas nombrar y cesar a directivos…- sin pasar por el Congreso.

Esta maniobra fue denunciada por los sindicatos y ahora un juez ha decidido que puede haber caso y la ha admitido a trámite, dando a la cadena pública 20 días hábiles para que conteste a la demanda, según el auto de emplazamiento firmado también el 9 de enero.

Medidas cautelares

Las centrales sindicales solicitaron también en su demanda que el juez tomara medidas cautelares y decretara la nulidad de los cambios de los estatutos, lo que podría paralizar en parte la actividad diaria de la cadena.